La Cámara de Diputados de Catamarca, presidida por Paola Fedeli, avanzó durante su 18ª sesión ordinaria con un conjunto de iniciativas orientadas a la salud, la protección animal, el desarrollo productivo y la preservación ambiental.
La Cámara de Diputados de Catamarca, presidida por Paola Fedeli, avanzó durante su 18ª sesión ordinaria con un conjunto de iniciativas orientadas a la salud, la protección animal, el desarrollo productivo y la preservación ambiental. La jornada legislativa estuvo marcada por la aprobación de proyectos que buscan establecer nuevas herramientas de intervención pública, fortalecer derechos y promover mecanismos de acompañamiento a distintos sectores de la sociedad.
Entre las propuestas que contaron con el acompañamiento del cuerpo se destacaron la creación de una Campaña Permanente de Visibilización y Concientización sobre el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL), una línea telefónica provincial exclusiva para denunciar situaciones de maltrato y crueldad animal y un Régimen de Promoción del Compre Cooperativo Catamarqueño.
Además, recibieron sanción definitiva la Ley de Protección Integral de la Salud Mental y la norma destinada a preservar el arbolado histórico de la avenida Presidente Castillo, en Valle Viejo.
En contrapartida, no logró avanzar una iniciativa que proponía ampliar los dispositivos de atención y reinserción social destinados a personas en situación de calle. El tratamiento de este proyecto dejó expuestas distintas posiciones sobre el alcance de la asistencia estatal, la organización de los servicios y las condiciones necesarias para garantizar una respuesta integral.
La sesión también incluyó el reconocimiento legislativo a una brigada ambiental escolar de San Isidro, Valle Viejo, por su trabajo relacionado con la resiliencia climática, la promoción del arbolado público y la participación juvenil.
Detección temprana del Trastorno del Desarrollo del Lenguaje
Con media sanción, avanzó el proyecto de ley impulsado por la diputada Rosana Pereyra Reynoso (FT), que propone crear una campaña permanente de visibilización y concientización sobre el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje, con el propósito de promover su detección temprana y garantizar un abordaje oportuno en la provincia.
Durante la fundamentación, Reynoso explicó que el TDL es una condición del neurodesarrollo que puede generar dificultades persistentes en la adquisición y utilización del lenguaje, tanto en la comprensión como en la expresión verbal. Estas dificultades pueden manifestarse en distintos aspectos de la comunicación cotidiana, entre ellos:
El vocabulario.
La construcción de oraciones.
La organización del discurso.
Las habilidades necesarias para comunicarse en la vida diaria.
La legisladora advirtió que, pese a su incidencia, el trastorno continúa siendo poco conocido por buena parte de la sociedad. Según los estudios mencionados durante su exposición, afecta aproximadamente al 7% de los niños en edad escolar, lo que equivale a uno de cada 14.
La falta de información, señaló, suele retrasar las consultas profesionales y, como consecuencia, las posibilidades de acceder a intervenciones adecuadas. Reynoso remarcó que el lenguaje no constituye solamente una herramienta de comunicación, sino que tiene una incidencia directa en el aprendizaje, la construcción de vínculos, la autoestima y la participación social.
Por ese motivo, consideró necesario fortalecer las políticas públicas destinadas a informar a las familias y articular acciones entre los sistemas de salud y educación, además de las organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa también establece el 30 de septiembre como el Día Provincial de Concientización sobre el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje, una jornada destinada a promover actividades de información, sensibilización y discusión sobre esta condición, con especial énfasis en la detección temprana.
Una línea telefónica provincial para denunciar el maltrato animal
Otra de las iniciativas que recibió media sanción fue el proyecto presentado por Natalia Herrera (Generar), que establece la creación de una línea telefónica provincial exclusiva para recibir denuncias por maltrato y crueldad animal.
La propuesta apunta a centralizar los avisos, facilitar la intervención de las autoridades y coordinar una respuesta rápida ante situaciones que pongan en riesgo la integridad y el bienestar de los animales.
Al presentar el proyecto, Herrera sostuvo que la provincia necesita contar con un canal específico y accesible que permita a la ciudadanía denunciar estos hechos sin tener que recurrir a distintos organismos o desconocer cuál es el ámbito correspondiente para realizar una presentación.
La legisladora recordó que, en el ámbito nacional, la Ley 14.346 tipifica como delito los actos de maltrato y crueldad contra los animales. En Catamarca, por su parte, existe la Ley 5917, que estableció un régimen de protección animal, creó el registro de rescatistas y proteccionistas de animales domésticos y modificó el Código de Faltas en esta materia.
Sin embargo, advirtió que algunas de las herramientas previstas en la legislación provincial todavía no se encuentran operativas. En particular, señaló que el registro de rescatistas y proteccionistas no está en vigencia, una situación que limita las posibilidades de avanzar en la organización y el reconocimiento de quienes trabajan en el cuidado de animales.
La nueva línea telefónica permitiría:
Recibir denuncias durante las 24 horas.
Registrar los avisos y derivarlos a los organismos competentes.
Facilitar la intervención de la Policía provincial.
Coordinar acciones con las autoridades judiciales y los municipios.
Herrera consideró que el Ministerio de Seguridad es el ámbito adecuado para instrumentar esta herramienta, debido a su responsabilidad en la coordinación del sistema de emergencias y de las fuerzas policiales.
“Muchos casos de maltrato animal no son denunciados o llegan tarde a las autoridades competentes debido a la inexistencia de un canal específico, accesible y de respuesta rápida”, advirtió la legisladora al fundamentar la necesidad de contar con este mecanismo.
Compre Cooperativo
Con aprobación por mayoría, también avanzó el proyecto presentado por Exequiel Moreno (FT), que establece un Régimen de Promoción del Compre Cooperativo Catamarqueño.
La iniciativa busca utilizar la capacidad de compra del Estado provincial para generar oportunidades de contratación para las cooperativas locales, fortalecer la producción y sostener fuentes de trabajo en los distintos departamentos. Durante su exposición, Moreno explicó que la propuesta parte del reconocimiento de las dificultades que enfrentan muchas cooperativas para acceder a las contrataciones públicas, especialmente cuando deben competir con empresas que disponen de mayores recursos económicos, financieros y administrativos.
El legislador planteó que las compras estatales pueden convertirse en una herramienta para impulsar la economía local y favorecer que los recursos públicos permanezcan en los circuitos productivos de la provincia. “No estoy proponiendo que el Estado gaste más, estoy proponiendo que compre mejor”, afirmó Moreno, al explicar que contratar a una cooperativa no implica únicamente adquirir un producto o servicio, sino también contribuir al sostenimiento de puestos de trabajo y al movimiento económico de las familias que dependen de esa actividad.
El diputado aclaró que el régimen no plantea contrataciones sin controles. Por el contrario, contempla requisitos de regularidad, cumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales, transparencia y mecanismos de fiscalización.
Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos desde la oposición, que puso en discusión las condiciones de competencia entre las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas.
Las objeciones de Monti y Acuña
El diputado Francisco Monti (LLA) objetó, en primer término, que las modificaciones anunciadas por el miembro informante no hubieran sido expuestas previamente ante el cuerpo. Consideró que los cambios debían formar parte del debate para que todos los legisladores conocieran su alcance.
En cuanto al contenido, cuestionó que el proyecto otorgue ventajas a una forma de organización económica en particular, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas que también participan de los procedimientos de contratación estatal. Monti sostuvo que las condiciones previstas podrían generar una desigualdad en la competencia, especialmente por los porcentajes de preferencia establecidos para las cooperativas. Según su interpretación, esos beneficios podrían obligar a otros oferentes a reducir considerablemente sus precios para poder competir, afectando sus márgenes de rentabilidad.
“Acá se plantea este proyecto de ley como una suerte de compre catamarqueño, un compre catamarqueño plus, pero en realidad lo que establece es un privilegio a una forma societaria que es el cooperativismo, en detrimento inexorablemente de casi toda la economía de Catamarca”, manifestó.
Luego de la lectura de las modificaciones incorporadas al despacho, el diputado Mamerto Acuña (Generar) también expresó sus reparos.
El legislador consideró que la cantidad y el alcance de los cambios introducidos requerían un análisis más profundo y que algunas de las disposiciones podían entrar en conflicto con principios establecidos en la Ley de Administración Financiera. Señaló especialmente la necesidad de preservar la igualdad de oportunidades entre los oferentes y garantizar la mayor concurrencia posible en los procedimientos de contratación estatal.
“Estamos desvirtuando una ley que es una ley madre y va a generar muchos inconvenientes en las contrataciones del Estado”, sostuvo Acuña, al considerar que las modificaciones debían ser tratadas con mayor profundidad.
Protección Integral de la Salud Mental
En tanto, la Cámara convirtió en ley el proyecto de Protección Integral de la Salud Mental, que había obtenido media sanción en Diputados el año pasado y regresó en revisión desde el Senado con modificaciones. La iniciativa, impulsada originalmente por la diputada mandato cumplido Claudia Palladino, busca garantizar el derecho a la protección de la salud mental y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales.
La diputada Ángeles Herr (FT), en su carácter de miembro informante, explicó que los cambios incorporados por la Cámara alta no alteran el espíritu de la propuesta, sino que responden principalmente a adecuaciones institucionales y jurídicas relacionadas con la autoridad de aplicación, los procedimientos y la articulación con las normativas provinciales y nacionales.
Herr recordó que la elaboración del proyecto fue resultado de un proceso de trabajo amplio y multisectorial, que incluyó reuniones durante varios meses con organismos del Ministerio de Salud, áreas especializadas en salud mental y consumos problemáticos, hospitales, equipos interdisciplinarios, colegios profesionales, asociaciones civiles y organizaciones vinculadas al acompañamiento de personas con padecimientos mentales y sus familias.
Uno de los ejes centrales de la ley es avanzar hacia un modelo de atención comunitario, interdisciplinario e inclusivo, dejando atrás las prácticas asociadas a la cultura manicomial y promoviendo la autonomía, la recuperación y la integración social.
Para ello, contempla el fortalecimiento y la creación de dispositivos comunitarios que permitan brindar respuestas de acuerdo con los distintos niveles de complejidad del sistema sanitario y las características geográficas y epidemiológicas de la provincia.
No prosperó la ampliación de la asistencia a personas en situación de calle
Durante la sesión también se debatió un proyecto de ley impulsado por la diputada mandato cumplido Silvina Carrizo y el diputado Mamerto Acuña (Generar), que proponía modificar y ampliar la Ley 5812, referida a la creación de centros de contención y reinserción social para personas en situación de calle.
La iniciativa no alcanzó los votos necesarios para obtener media sanción. El objetivo era ampliar el alcance de la legislación vigente, que contemplaba como beneficiarias a personas de entre 18 y 30 años, para extender la asistencia a todas las personas mayores de 18 años que atravesaran esa problemática, independientemente de su edad.
Al fundamentar la propuesta, Acuña consideró que la respuesta estatal debía superar la creación de espacios de alojamiento y avanzar hacia un programa integral que contemplara tanto la atención inmediata como las posibilidades de reinserción social y laboral.
El legislador reconoció el trabajo que realizan los equipos de salud, trabajadores sociales, organizaciones sociales, instituciones religiosas, voluntariados y agentes estatales que intervienen en la atención de personas en situación de calle. Sin embargo, sostuvo que era necesario fortalecer los dispositivos existentes, contar con mayor información sobre la problemática y establecer mecanismos para evaluar los resultados de las políticas públicas.
La iniciativa proponía crear un centro de atención integral que brindara asistencia médica, alimentaria, psicológica, jurídica y habitacional transitoria, mediante equipos interdisciplinarios encargados de acompañar cada situación y coordinar las prestaciones necesarias.
Acuña explicó que el propósito era evitar que la asistencia quedara reducida a una respuesta temporal y que las personas pudieran recuperar herramientas para reconstruir sus proyectos de vida. El proyecto también contemplaba modificaciones vinculadas al financiamiento de las medidas, mediante la previsión de una partida presupuestaria específica y anual para atender las necesidades derivadas de su implementación.
