El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca dispuso la suspensión del 100 % del aporte estatal correspondiente al nivel secundario del Colegio Privado Pía Didoménico por el término de seis meses, a partir del 2 de noviembre.
El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca dispuso la suspensión del 100 % del aporte estatal correspondiente al nivel secundario del Colegio Privado Pía Didoménico por el término de seis meses, a partir del 2 de noviembre. La medida se adoptó tras un sumario administrativo que acreditó incumplimientos institucionales en el abordaje de situaciones de conflictividad y hostigamiento entre estudiantes.
La sanción fue formalizada mediante la Disposición N.º 1027/2026 de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa. Durante la investigación se analizaron antecedentes documentales, los descargos del establecimiento y los informes de las áreas intervinientes.
Según las conclusiones de la Comisión Instructora Sumarial, el colegio tenía conocimiento de las situaciones investigadas, al menos desde los primeros días de junio de 2026. Sin embargo, no se identificaron constancias que acreditaran la comunicación oportuna a las autoridades educativas, la derivación a la Dirección Provincial de Mediación Escolar ni la articulación con los organismos competentes de protección de derechos.
La investigación tampoco acreditó la aplicación integral de los protocolos vigentes ni un abordaje interdisciplinario sostenido, con registros de seguimiento y evaluación. Además, se detectaron deficiencias en la documentación y autorización de las decisiones relativas a la escolarización no presencial de estudiantes.
Junto con la suspensión del aporte estatal, la entidad propietaria deberá presentar un Plan de Mejora de la Gestión Escolar dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la disposición. El plan deberá establecer acciones concretas para corregir las deficiencias detectadas, con responsables, plazos, metas y mecanismos de evaluación.
Entre sus objetivos deberán incluirse el fortalecimiento de los procedimientos de prevención, intervención y comunicación ante situaciones de violencia y hostigamiento; la mejora de la convivencia escolar; la participación de las familias; y la creación de espacios seguros de escucha para los estudiantes.
La implementación del plan será obligatoria una vez que lo apruebe la Secretaría de Gestión Educativa. Un equipo interdisciplinario del Ministerio acompañará y supervisará su ejecución, y el colegio deberá acreditar los avances mediante documentación, registros e informes.
La disposición permite restablecer el aporte de manera parcial y progresiva antes de que se cumplan los seis meses, siempre que las evaluaciones técnicas acrediten avances efectivos en el plan y exista autorización de la Secretaría de Gestión Educativa. Su sola presentación no habilita la restitución de los fondos.
Durante toda la vigencia de la sanción, el colegio y su entidad propietaria deberán garantizar la continuidad de las clases, la regularidad del ciclo lectivo, la protección integral de los estudiantes y el acompañamiento de sus trayectorias educativas.
El Ministerio de Educación y Trabajo continuará supervisando el establecimiento para verificar cambios concretos en sus prácticas de gestión, convivencia y cuidado de los estudiantes.
